Por Marta Domènech
Hace unos días la Generalitat de Catalunya ha distinguido con la Medalla de Sant Jordi a la farmacéutica Hipra por su desarrollo de la nueva vacuna catalano-española contra el COVID-19. Gracias al trabajo realizado por el Col·lectiu Resposta Crítica (CORC) podemos saber que el proyecto galardonado ha sido costeado en buena parte con dinero de los contribuyentes. Dando muestra de la más exquisita colaboración público-privada, el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) ha destinado un total de 22,34 millones de euros y la Generalitat les ha otorgado 2,5 millones provenientes del fondo Next Generation. Por si faltaran ayudas, en 2021 la compañía obtuvo un préstamo de 45 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Además el Gobierno español les ha prestado asesoramiento científico y regulatorio (1).
La compañía Hipra, referente en la fabricación de vacunas en el sector veterinario, según Animal Welfare Foundation (AWF), en el 2018 estuvo relacionada en un caso escalofriante de maltrato de yeguas preñadas para la obtención de una hormona muy codiciada por la industria farmacéutica (2). Ahora, gracias al apoyo y colaboración institucionales, ha comunicado que se ve capaz de terminar 600 millones de dosis de vacunas para uso humano para este año. Una cantidad impresionante de unidades que nos muestra cómo el Gobierno español y el catalán, desde hace tiempo, trabajan para perpetuar la estrategia de vacunación contra el COVID-19, en detrimento de los tratamientos preventivos y de cualquier otra alternativa.
La colaboración público-privada es uno de los ejes de la cultura de la gobernanza actual. Esta estrategia de colaboración empezó hace años como fórmula para sumar esfuerzos para trabajar por el bien común, pero debido a los intereses existentes, en muchos casos, acaba convirtiéndose en un trasvase de dinero público a las grandes corporaciones privadas. Por eso no es una casualidad que gracias a la pandemia en la “lista de las personas más ricas del mundo” aparezcan, entre otras, Stéphane Bancel, CEO de Moderna, y Ugur Sahin, CEO de BioNTech (fabricante de una de las vacunas contra el COVID-19 junto con Pfizer). Y que ahora, en la de los “100 españoles más ricos de 2021”, figuren los tres propietarios de Hipra, con una fortuna valorada en 325 millones de euros cada uno.
Mientras los partidos políticos viven en la autocomplacencia e invierten dinero público en la estrategia vacunal, los efectos adversos siguen apareciendo. Al final del documento encontrarán el enlace de la entrevista realizada el 12/04/22 a la Dra. Teresa Forcades donde explica que Pfizer, a petición de un juez, se ha visto obligada a presentar una documentación interna que ahora se ha hecho pública en la que se puede leer que pasados dos meses de haber empezado la vacunación en EUA ya había 41.000 efectos secundarios graves y más de 1.000 muertes por la vacuna (3).
También, el Dr. Peter McCullough, reputado cardiólogo y epidemiólogo, ha informado en una entrevista que en los países de Dinamarca, Noruega y Finlandia, 7.750 personas han sufrido hemorragia intracraneal o accidente cerebrovascular en los 28 días posteriores de recibir las inoculaciones (encontrarán el vídeo https://t.me/covidland_espanol en Telegram introduciendo el número 7.757 en el buscador).
Los efectos adversos son una realidad dura que va a costar años de asimilar. Prueba de ello es que en países con ingresos bajos o medios de América Latina, ya se ha anunciado que las personas afectadas por las inoculaciones podrán recibir indemnizaciones, a través del “Programa COVAX de compensación sin culpa”. Tal como se indica en la publicidad “Esta indemnización es una suma fija para las reclamaciones presentadas por personas que hayan sufrido un evento adverso grave que tenga como consecuencia una deficiencia permanente o la muerte asociada a una vacuna contra el Covid-19” (4). Sí, han leído bien, “deficiencia permanente o la muerte”… Pero ¡si decían que estas vacunas eran tan seguras y eficaces! ¿No lo ven contradictorio?
Mientras, el despropósito continúa. Por ejemplo, Pfizer ha pasado de facturar 41.651 millones de dólares (año 2020) a 81.288 millones de dólares (año 2021). Si no cambian las cosas, las farmacéuticas gracias a los contratos firmados por nuestros representantes de la UE ni siquiera tendrán que hacerse responsables de los efectos adversos de sus vacunas, no tendrán ni que contestar los mensajes de las personas afectadas; para eso ya están las instituciones y el dinero público.
Hoy, para quien quiera verlo, el poder político y la industria farmacéutica se entrelazan. Sin miedo a equivocarnos podemos decir que los primeros se dedican, escandalosamente, a facilitar las cosas a los segundos. De esta forma, la industria avanza con la política de donaciones y patrocinios con el fin de introducirse y/o mantenerse, cada vez más, en consorcios sanitarios, fundaciones hospitalarias, centros de investigación, sociedades médicas, farmacéuticas, universitarias, etc. Esta estrategia les permite extender una amplísima red de colaboraciones compensadas e incentivadas económicamente, bajo el concepto “compromiso con los profesionales sanitarios”.
Los importes que se perciben por estos conceptos se denominan eufemísticamente “transferencias de valor”, pero en realidad no son más que cantidades que pagan las farmacéuticas que generan puros conflictos de interés. Según datos obtenidos de las industrias voluntariamente adheridas al Código de Buenas Prácticas de la Farmaindustria en el año 2021 se destinaron a ello 587 millones de euros (5).
Las farmacéuticas dedican muchas energías a tejer esta gran malla de contactos que después serán los prescriptores de sus productos y los divulgadores de las teorías “médicas” que reforzarán sus ventas. La mayor parte de médicos perciben cantidades insignificantes, pero hay otros que cobran interesantes ingresos: entre ellos los llamados KOL (Key Opinion Leaders) o líderes de opinión que, de manera inadvertida, tienen el cometido de educar a la profesión y al público.
También se dedican fuertes inversiones a patrocinar congresos donde la industria ejerce toda su influencia. Lo hace a través de talleres, comidas de trabajo, mesas redondas patrocinadas, donde puede desplegar su estrategia de marketing y relaciones públicas entre el personal sanitario. De igual forma, sus contribuciones económicas le permiten tener una poderosa influencia en la formación médica de pre y posgrado. Cabe destacar que además la industria farmacéutica es la principal suministradora directa e indirecta de la formación continuada médica en España, siendo esto especialmente preocupante puesto que condiciona sus contenidos, calidad y objetividad.
En palabras del Dr. Abel Novoa, médico, articulista y presidente de la Plataforma No gracias: «La industria lo que hace con las transferencias de valor es una campaña de lavado de cara a unas prácticas que han demostrado una y otra vez su extraordinaria capacidad de corromper y distorsionar toda la cadena de conocimiento biomédico». Explica que «los pagos a médicos en forma de invitaciones han demostrado capacidad para corromper la objetividad de las decisiones clínicas y, por tanto, ponen en peligro la seguridad de los enfermos». Y que «estas donaciones tienen una aceptación generalizada entre la mayoría de médicos para los que son como una lotería que siempre toca” y que “las cúpulas directivas son una verdadera casta médica, muy bien pagada y a la que muchos deben su poder»(6).
Desgraciadamente, el Comité Científico Asesor del COVID-19 (CCAC-19), que se creó en Cataluña a propuesta del consejero de Salud, Josep Maria Argimon, no es una excepción de esta maraña de intereses de la industria. Este órgano reúne a representantes de diferentes campos del conocimiento. En cuanto a la parte sanitaria, está formado por jefes de servicios y jefes de unidad de departamentos vinculados a hospitales, centros sanitarios y centros de investigación de Cataluña… Instituciones todas ellas que “casualmente” son receptoras de transferencias de valor de la industria, situación que permite que los intereses de las farmacéuticas estén perfectamente representados en este comité, sin necesidad de estar físicamente. El caso catalán llama especialmente la atención porque el conseller de Salud en 2018 figuró como experto en la XVI Jornada de verano de la profesión médica, en la charla titulada: “Conflictos de interés y evaluación”(7).
Como muestra de esto, a continuación encontrarán, salvo error u omisión, información sobre transferencias de valor de una parte de los miembros (ámbito médico) del Comité Científico Asesor del COVID-19 provenientes de las seis farmacéuticas a las que se ha tenido acceso. En caso de contar con más información del sector, más medios y más tiempo, y que el “compromiso con la transparencia” del que hacen gala estas industrias fuera real y consecuentemente se facilitara su consulta, la búsqueda podría ser mucho más completa y, por tanto, el número de farmacéuticas consultadas, personas involucradas y los importes aumentarían:
Transferencias de valor a miembros del Comité Científico Asesor del COVID-19 (CCAC-19)
Nota aclaratoria: La tabla recoge algunas de las “transferencias de valor” recibidas por algunos miembros del sector médico de la CCAC-19.
Fuente de los datos: Portales de transparencia de GSK (Glaxo Smith Kline), Pfizer, MSD (Merck, Sharp & Dohme), Janssen, Astrazeneca y Sanofi (8)
En la segunda tabla, también salvo error u omisión, verán las transferencias de valor recibidas por 16 organizaciones. Las 12 primeras tienen en común que mantienen una relación laboral o profesional con parte de los miembros del Comité Científico. Hay que tener presente que estos profesionales también se dedican a la docencia, a la investigación, al ejercicio de cargos de representación de juntas, grupos de trabajo, etc. en otras organizaciones médicas, universitarias, etc., sociedades que forman parte de este gran entramado de relaciones y que también son receptoras de transferencias de valor de la industria.
Para visualizar la dependencia económica del sector médico-científico con la industria farmacéutica, se han añadido a continuación dos sociedades dedicadas a organizar grupos de trabajo, congresos, simposios, formación continuada, etc.
Al final de la tabla, encontrarán las transferencias de valor recibidas por el Departamento de Salud, que por tratarse de una Conselleria del Govern de laGeneralitat requerirían de una especial transparencia y rendimiento de cuentas por parte de la administración:
Transferencias de valor a organizaciones vinculadas a miembros del Comité Científico Asesor del COVID-19 (CCAC-19)
Nota aclaratoria: Se muestran algunas de las transferencias recibidas por algunas instituciones médicas relacionadas con algunos de los miembros del CCAC-19
Fuente de los datos: Portales de transparencia de GSK (Glaxo Smith Kline), Pfizer, MSD (Merck, Sharp & Dohme), Janssen, Astrazeneca y Sanofi (8).
Los conflictos de interés no afectan solo a Cataluña; desgraciadamente responden a una forma de funcionar muy bien integrada en todo el territorio español. Ya el Dr. Joan-Ramon Laporte, catedrático en farmacología de la UAB, informó en el Congreso de Diputados el 7/02/22, en la “Comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas”, que “varios estudios y análisis comparativos han demostrado que España, de los miembros de la UE, es el país más permisivo en materia de conflictos de interés y en relaciones opacas entre profesionales sanitarios con la industria, situación que también ocurre con las sociedades médicas y sus expertos (…), con los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo”. En un momento de la intervención, pregunta: “¿Qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores recibieran regalos y dinero del principal proveedor de materias primas?” (9)
Ya ha llegado el momento de contestar a la pregunta del Dr. Joan-Ramon Laporte y tomar conciencia de las advertencias que tanto él como el Dr. Albel Novoa han hecho en relación a las relaciones opacas y los conflictos de interés del sector, y percatarnos de cómo estos ingresos pueden condicionar la mirada médica y científica. En este sentido, es necesario recordar a los gobiernos que tienen la obligación de poner los medios para garantizar que los miembros de comités, grupos de trabajo y representantes de organizaciones médicas sean ejemplares, requisito esencial para preservar el rigor científico, la independencia y la neutralidad de los implicados. Y en consecuencia, se debería exigir la declaración de conflictos de interés a las personas que van a ocupar cargos de esta índole.
La no exigencia de un requisito tan elemental por parte de las autoridades y el papel de los medios de comunicación privados y públicos ante informaciones tan relevantes, hace que cada día se acumulen más motivos para cuestionar y denunciar los “éxitos” de las medidas sanitarias aplicadas para el Covid-19. Deberíamos pedir explicaciones sobre el aumento de casos por ansiedad, depresión, etc. y el alto número de suicidios. Y también por el incremento de las cifras de muertos en España en los últimos meses, hoy un misterio para los que gobiernan pero que probablemente guarden relación con los efectos negativos de las mismas inoculaciones.
En los últimos tiempos, han pasado cosas muy graves, como aceptar con normalidad una vacuna que es experimental, que se ha vendido a la población insistentemente como un producto totalmente seguro y con una eficacia del 95%… Y pasado el tiempo, vamos comprobando que la población vacunada necesita de nuevas y continuadas dosis de refuerzo, que aún así, siguen contagiándose y que las cifras de efectos adversos y las muertes continúan. Todo ello hace llegar a la triste conclusión que tal vez, lo que se ha venido denominando como la “única solución” más bien es una forma de vender; un slogan más del marketing publicitario de la industria. Una práctica que los políticos y el estamento médico al que se refiere el Dr. Novoa conocen muy bien, ya que por engaño publicitario las farmacéuticas suelen acumular denuncias y en ocasiones se las ha sancionado con multas millonarias.
Y no sólo esto, el Estado, con sus solícitas Comunidades Autónomas y mansa oposición en temas esenciales como la salud, ha permitido que corramos todo tipo de riesgos. Se ha inoculado un producto experimental sin consentimiento informado ni prescripción médica, en vacunómetros improvisados, incluso en centros comerciales y vehículos de particulares. Se ha hecho lo mismo con los niños, cuando está comprobado que la probabilidad de tener una enfermedad grave o morir de coronavirus es del 0,002% e igual con las embarazadas, olvidando las precauciones que con ellas se ha tenido con cualquier medicamento.
Los gobiernos que tanto nos protegen y los grupos de expertos no han impedido que los medios de comunicación asustaran a la población con datos e informaciones sesgadas, con cifras manipuladas, sacadas totalmente de contexto. Al contrario, han aprovechado el ambiente de miedo para poner toda la fuerza de la máquina de la administración a favor de la estrategia vacunal.
La medidas contra el COVID-19 han supuesto una conculcación continuada de la legislación autonómica, nacional e internacional. Se ha coaccionado y la población se ha visto restringida en sus derechos como nunca se había visto en democracia. Se ha hecho depender de la obtención del pasaporte COVID-19 el desarrollo de las actividades elementales como poder viajar, ir al restaurante, a la cafetería, al gimnasio…
Un pasaporte absolutamente discriminatorio que ha enfrentado a la población; a miembros de una misma familia, a compañeros de trabajo… y que ahora, gracias a las denuncias presentadas por la Asociación Liberum, podemos saber que su imposición había sido desaconsejada por los técnicos y profesionales del Consejo Interterritorial de Salud (órgano del gobierno para la coordinación de las Comunidades Autónomas). Así, el Govern de la Generalitat, con su flamante Comité Científico Asesor del COVID-19, y el resto de Comunidades Autónomas con sus respectivos expertos, sin razones técnicas ni sanitarias, sino a través de decisiones sustancialmente políticas, exigieron el pasaporte COVID-19 con la única finalidad de fomentar la vacunación en España. Y para rematar, Liberum añade que los documentos que contienen esta información han sido ocultados por las propias Comunidades Autónomas a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia (10).
Lo cierto es que la pandemia ha sido un triunfo en toda regla para las grandes corporaciones, en detrimento de la pequeña y mediana empresa y la ciudadanía en general. Y de este estratosférico negocio global podemos destacar el de la farmaindustria que hoy, gracias al servilismo de los gobiernos, el aval de comités científicos y de parte de las autoridades académicas del mundo universitario tiene más poder que los propios estados.
Marta Domènech
Consultora de crecimiento personal Autora del libro Súbete al árbol más alto (Autoconocimiento en tiempos de transformación) Disponible en www.ElAngel.es, también en Amazon y librerías.
Enlaces de interés
[1] Artículo de CORC sobre HIPRA
[2] Caso de maltrato animal según Animal Welfare Foundation
[3] Entrevista a la Dra. Teresa Forcades.
[4] Información indemnizaciones programa COVAX
[5] Transferencies de valor año 2021, datos obtenidos de las industrias voluntariamente adheridas al Código de Buenas Prácticas de la Farmaindustria
[6] Dr. Abel Novoa.
[7] Charla Dr. Josep Maria Argimon.
07 Puigcerdà15: Dr. Josep Argimon – Conflicte d’interessos i avaluació – YouTube
[8] Fuente de datos: Portales de transparencia de GSK (Glaxo Smith Kline), Pfizer, MSD (Merck, Sharp & Dohme), Janssen, Astrazeneca y Sanofi.
[9] Joan-Ramon Laporte (minuto 28:41).
[10]Asociación Liberumhttps://liberumasociacion.org/informe-del-consejointerterrotorial-de-salud-ocultado-deliberadamente-ante-los-diefrentes-tsj/